El miércoles a la noche, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que asumía las competencias del Parlamento en Venezuela, lo que provocó que ese órgano legislativo acusara ayer al presidente, Nicolás Maduro, de dar un golpe de Estado.

El Parlamento (Asamblea Nacional), de mayoría opositora, sostiene que la Corte favorece al heredero del legado chavista.

Y la primera medida del tribunal luego del fallo fue autorizar al mandatario a crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas en el hemiciclo de la Asamblea Nacional: la sentencia autoriza al gobierno a firmar acuerdos económicos sin aprobación del Parlamento.

Para dictar el fallo, el tribunal alegó que persiste "la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional" que ya había declarado a inicios de 2016, por la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Por eso fue anulando todas las decisiones parlamentarias, y aunque la Asamblea desvinculó a esos diputados posteriormente, la Corte considera que el acto no fue formalizado.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó ayer que la cámara "se rebela y desconoce" la decisión judicial, e instó a las Fuerzas Armadas a no "seguir calladas frente a la ruptura de la Constitución". La oposición también anunció protestas a partir del mañana.

Maduro intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica del país que se precipitó desde 2014 con la caída de los precios del petróleo, la inflación más alta del mundo –proyectada en 1.660% por el FMI para 2017– y la creciente escasez de bienes básicos. Venezuela, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos, busca levantar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos.

El fallo del tribunal causó inmediato rechazo en el continente americano y europeo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un severo crítico de Caracas desde 2015, se refirió al "autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional" y declaró que "es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática" Interamericana.

Por su parte, distintos gobiernos de la región expresaron este jueves su preocupación por la situación en Venezuela, calificada por Luis Almagro como un "autogolpe", luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las competencias del Parlamento; mientras que la Unión Europea solicitó un "calendario electoral claro" en Venezuela y respeto a la Asamblea Nacional.

Estados Unidos denunció que la "usurpación" del Poder Judicial es "una ruptura de las normas democráticas". Además, señaló que el dictamen "daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes elegidos". Por ello, el Departamento de Estado norteamericano concluyó: "Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela".

El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró en Bogotá que su gobierno está preocupado por lo que considera un "deterioro del orden democrático" del país bajo el régimen chavista. El diplomático envió su mensaje luego de una reunión con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín.

La representante del gobierno de Juan Manuel Santos también se sumó a la condena. "Rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia", dijo Holguín en rueda de prensa. En un comunicado emitido poco después por la Cancillería colombiana, el gobierno colombiano señaló su "profunda preocupación" por la decisión.

El mandatario argentino Mauricio Macri, quien este jueves se reunió con la esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, hizo un "llamamiento a recomponer el orden democrático" y manifestó su preocupación. Además, remarcó la necesidad de que se cumpla un calendario electoral.

Por su parte, Brasil emitió una nota con un tono de condena hacia el dictamen. "El gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional", aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

A su vez, Chile expresó su "más alta preocupación" por la decisión de la Corte Suprema. "Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos cómo proceder de ahora en adelante", agregó el canciller Heraldo Muñoz, quien también reafirmó lo expresado por 20 países durante una sesión en la OEA en la que pidieron pasos concretos en el organismo para lograr un mayor diálogo y que el país salga de la crisis. El jefe de la diplomacia chilena señaló que lo que su país quiere "es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos. Pero claramente esto va en la dirección opuesta".

El Gobierno de Panamá manifestó "profunda preocupación" por la decisión del Supremo de Venezuela e hizo un llamado a que en ese país se respete el orden constitucional y la democracia. 

La medida adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, "que ha eliminado las facultades de la Asamblea Nacional" del país suramericano, "agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela. Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas", expresó en un comunicado la Cancillería de Panamá.

En Uruguay, legisladores de la oposición emitieron un comunicado en señal de repudio al "golpe de Estado" en Venezuela y pidieron al Gobierno de Tabaré Vázquez aplicar la Cláusula Democrática a ese país.

En tanto, la Unión Europea pidió este un "calendario electoral claro" en Venezuela y llamó a "respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros", después de las controvertidas decisiones de la Justicia chavista, a través de un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Más temprano, la Cancillería de Perú anunció el retiro "definitivo" de su embajador en Venezuela. "Es inaceptable lo que ocurre", exclamó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien condenó la "ruptura de la democracia" en el país.

Por su parte, el secretario general de la OEA denunció "el autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional", órgano que defendió como el "último poder del Estado legitimado por el voto popular". Ante la situación, realizó un llamado a la región para asumir la restauración de la democracia. "Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política. La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo", señaló.

El gobierno de Guatemala emitió un comunicado para reiterar su "convicción de preservar el Estado de Derecho" y el apego a las normas constitucionales. "El gobierno expresa su profunda preocupación", indicó el mensaje, en el que se realizó un llamado a sostener "un diálogo franco, sincero y participativo para la promoción de la concertación política que preserve la paz y las garantías constitucionales".

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